Requisitos de Debida Diligencia
Resumen de la información y documentación que normalmente se requiere para cumplir con las obligaciones de debida diligencia en Panamá.
Estas obligaciones forman parte del marco de cumplimiento y transparencia aplicable, incluyendo la Ley 254 de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 177 de diciembre de 2024.
Definiciones clave:
- Sujetos obligados: Personas o entidades supervisadas bajo el marco no financiero de Panamá, incluyendo firmas de abogados que actúan como agentes residentes.
- Entidad jurídica: La sociedad o fundación.
- Agente residente: El abogado o la firma de abogados designados para actuar por la entidad en Panamá y mantener la debida diligencia requerida.
Obligaciones de debida diligencia
Antes de iniciar la relación con nuestra firma, el cliente debe entregar la información y documentación requerida y mantenerla actualizada.
Identificación adecuada.
Los agentes residentes deben identificar al cliente y al beneficiario final, verificar la información recibida y mantener actualizado el expediente de debida diligencia. El nivel de revisión depende del perfil de riesgo, los servicios involucrados y las jurisdicciones relacionadas.
Conocer la naturaleza del negocio del cliente.
Los agentes residentes deben obtener información suficiente para entender la actividad profesional o empresarial del cliente y registrarla al inicio de la relación.
Riesgo y perfil transaccional.
Los agentes residentes deben identificar y evaluar los riesgos vinculados con el cliente, las jurisdicciones involucradas y los servicios o transacciones correspondientes. Según el nivel de riesgo, puede ser necesario solicitar información y documentación adicional sobre el perfil financiero y transaccional del cliente.
Seguimiento continuo.
Los sujetos obligados deben revisar periódicamente la información de debida diligencia para mantenerla al día. También deben verificar que la actividad del cliente sea coherente con su perfil profesional, comercial, financiero o transaccional.
Sanciones.
En ciertos casos, la falta de entrega de la información o documentación requerida puede generar sanciones.
Según el caso, estas medidas pueden incluir la suspensión de derechos corporativos, multas y, en casos graves, la liquidación forzosa a través del Registro Público de Panamá. La responsabilidad también puede extenderse a terceros que contribuyan al incumplimiento.
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